Por Orlando Montenegro Rolón
Santiago de Cali
“Lo elemental fue parar la guerra para dejar de matarnos”
Un alto porcentaje de colombianos que apoyamos votar SÍ en el Plebiscito somos conscientes que los Acuerdos firmados en La Habana después de “negociar” estructural e integralmente por cerca de 4 años en búsqueda de la transición para el cambio, aún atacando las causas generadoras del conflicto: No es lo ideal; pero fue lo mejor que se pudo lograr en un largo “tira y jala”. Escribí entre comillas la palabra negociar porque honro la Constitución de 1991, en la que la PAZ es un deber. En ese orden, el Dr. Enrique Gaviria Liévano, en una columna del diario El Tiempo, del pasado 11 de octubre de 2011 y que tituló:
“La paz es un derecho constitucional".
La paz es uno de los objetivos fundamentales de nuestra Carta política. No solo la prevé, sino que estimula su realización”. Sustentó a la luz de la Ley y la Carta del 91; los elementos jurídicos que sacan en limpio que la PAZ no le pertenece al Presidente Santos y mucho menos al Senador Uribe Vélez cuyos 8 años de gobiernos han sido muy cuestionados aún justificados por su estrategia de “Seguridad Democrática” porque “propender al logro y mantenimiento de la PAZ” es un deber de todos los colombianos. Entonces, el Dr. Gaviria Liévano escribió:
“A quienes todavía abrigan dudas sobre la trasparencia y legalidad de las negociaciones de La Habana entre los representantes del Gobierno y los alzados en armas de las Farc, así como sobre la obligación de cumplir el acuerdo marco de paz a que se llegó el pasado 23 de septiembre, no sobra hacerles algunas reflexiones. Lo que se buscó y sigue buscándose en La Habana es lograr una paz duradera negociada entre el Gobierno y los alzados en armas, que garantice la convivencia pacífica entre todos los colombianos.
Las negociaciones en Cuba no son improvisadas. Son el producto de unas conversaciones previas y secretas de varios años hasta llegar, primero al “Acuerdo general para la terminación del conflicto armado que contribuya a la construcción de la paz estable y duradera”, con base en cinco puntos de negociaciones bien conocidos, y luego al reciente “Acuerdo sobre jurisdicción especial para la paz”.
Todo el proceso se ha adelantado conforme a la Constitución y la ley. Es que la paz es uno de los objetivos fundamentales de nuestra Carta política. No solo la prevé, sino que estimula su realización. Empezando por su preámbulo, que establece como fines del Estado “fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a su integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz”.
Pero esa obligación no se restringe al Estado propiamente dicho, sino que se extiende a las personas o entidades encargadas de la educación, de los ciudadanos en general y, naturalmente, al Gobierno Nacional. El artículo 67, inciso 2.º, dice que “la educación formará al colombiano en el respeto de los derechos humanos, a la paz, y a la democracia...; el 95, numeral 6, impone como deber de todos los colombianos de los ciudadanos colombianos propender al logro y mantenimiento de la paz”. Pero, sobre todo, el artículo 22 establece ni más ni menos que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Amén, claro está, de la obligación que tiene el Gobierno de garantizar el derecho a la paz conforme a los artículos 2, 22, 93 y 189 de la Carta política”.
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/la-paz-es-un-derecho-constitucional-enrique-gaviria-lievano-columnista-el-tiempo/16400287
Hasta aquí suficiente ilustración jurídica que sirve de antídoto en contra del “juego politique ro” en que algunos congresistas y excandidatos a la presidencia quieren “embarcar” a incau tos compatriotas para sacar beneficios particulares en la promoción de sus “nuevas” aspiraciones que ya las urnas en reiteradas oportunidades le han negado el triunfo y pasan a ser “platos de segunda mesa” porque su discurso rancio quedó sin fondo con la firma de los Acuerdos de La Habana. Invito a los colombianos de a pie y con más énfasis a los que han vivido de cerca los combates y horrores de la guerra a evitar que a la PAZ la disfracen con un trapo de color que no sea el BLANCO. Por igual, a estar alerta y rechazar a los “opositores de oficio” que tiene el inicio del Proceso de PAZ y que sólo se han enterado de los combates viendo la TV o leyendo la prensa cómodamente.
En lo social, económico y militar, sí que hay argumentos para votar SÍ en el Plebiscito el 2 de octubre de 2016. La respuesta civilista en las urnas debe ser contundente. Esta vez, no se elijen a los mismos politiqueros que han saqueado al país; no en vano la corrupción es el 5.4% del PIB. Así lo publicó el diario El Heraldo de Barranquilla, el 20 de septiembre de 2015, bajo el título: “La corrupción le cuesta al país 4% del PIB”. El voto es por la búsqueda de un mejor futuro en el que la equidad y la igualdad sea honrada por la justicia. ¡Claro! que importan mucho las familias de las víctimas; es vital que se conozca la verdad y la reparación no sea sólo una retorica, como ha ocurrido con las “desmovilizaciones” de los grupos paramilitares. El Fondo de Tierras y la Recuperación de Baldíos debe jugar un papel esencial para resarcir en lo mínimo a los miles de desplazados de la guerra.
En Alianza de la Universidad del Norte con El Heraldo se escribió para la opinión:
“Estudios señalan que esta práctica ilegal le ha costado a Colombia en las dos últimas décadas unos 189 billones de pesos, pero los efectos no son solo económicos sino también sociales y políticos.
La corrupción es quizás el fenómeno global más difícil de frenar. A nivel mundial se calcula que los sobornos llegan a USD1 billón anuales; un 5% del PIB mundial. En Latinoamérica se estima que los flujos financieros ilícitos totales durante la última década ascienden a un monto similar.
Cifras que se suman al impacto corrosivo, y no medible, de este delito sobre el crecimiento económico, la igualdad y la calidad de la gobernanza de un país. La experiencia internacional indica que afecta negativamente al crecimiento a largo plazo, porque es un síntoma del fracaso institucional, que a menudo involucra a una red de políticos, organizaciones, empresas y particulares.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), recientemente publicó un artículo sobre la gobernanza y la económica, donde analiza la relación entre estas dos variables. De acuerdo con el FMI, los indicadores de gobernanza inciden en la gobernabilidad para el desarrollo y una buena gobernabilidad puede generar un dividendo de desarrollo a largo plazo del 300%.
“La corrupción es una forma de depredar al Estado. Las redes de corrupción cambian las leyes y convierten en legal lo irracional de proyectos que solo convienen a intereses particulares”, comenta Baca.
Se estima que la corrupción le ha costado al país, en dos décadas, cerca de 189 billones de pesos, un 4% del PIB durante este periodo. De acuerdo con Elizabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia, los efectos de esta no solamente son en términos de la pérdida de recursos, sino sociales y políticos: afecta la calidad de vida de los ciudadanos, la credibilidad y legitimidad de las instituciones”.
http://www.elheraldo.co/economia/la-corrupcion-le-cuesta-al-pais-4-del-pib-218319
La reflexión no tarda para imaginar si todo ese “hurto de cuello blanco” del erario, algo así como 189 billones se invirtiera en la población más vulnerable que reclama techo, agua potable, salud, techo y vías para sacar sus productos a los puntos de acopio y evitar a los “vampiros” intermediarios. De lograr atajar a la corrupción galopante no habría necesidad de “Reformas Tributarias Estructurales” que técnicamente son simples colchas de retazos y que ahora pretenden gravar productos básicos de la “desnutrida Canasta Familiar”.
Está muy claro que somos millones los que acompañamos la firma de Los Acuerdos de La Habana, como “la cuota inicial” del Proceso de PAZ porque la VIDA ES SAGRADA y paramos el desangre de la patria. Pero, igual tenemos claro que lejos del clientelismo politiquero, nuestro Presidente Santos debe impulsar con la misma vehemencia que lo hizo con la PAZ, todas las verdaderas Reformas Estructurales que beneficien el campo, a los compatriotas más necesitados y por sobre todo le genere oportunidades a los desmovilizados después de la dejación de las armas.
Con el cese al fuego, inicialmente unilateral por las FARC, hemos ganado todos los colombianos, evitando voladuras de torres de energía, oleoductos, puentes, carreteras, etc… algunos desconocen que por ejemplo, cada vez que dinamitan una torre de energía, ese acto
de vandalismo -inaceptable como forma de lucha- rebota vía tarifa en todos los colombianos suscriptores al servicio.
No me equivoco, el diario El Tiempo de Bogotá, el 11 de enero de 2001, el redactor- Nulivalue tituló:
“EPM: USUARIOS NO DEBEN PAGAR VOLADURAS
El nuevo gerente de Empresas Públicas de Medellín, EPM, Iván Correa Calderón pidió a la Comisión Reguladora de Electricidad y Gas (Creg) variar la fórmula para evitar que los usuarios paguen más por las voladuras de torres transportadoras de energía.
El funcionario calificó como demasiado oneroso para los usuarios, el incremento del cinco por ciento en las tarifas de la energía propuesto por la Creg.
Este incremento es consecuencia de las restricciones en el servicio provocadas por la voladura de torres de energía, las cuales se diluyen en los bolsillos de todos los colombianos y forman parte de la fórmula establecida para definir los incrementos en las tarifas, explicó.
Correa Calderón distingue entre restricciones técnicas y de orden público. Las primeras, según él, son normales en todas partes del mundo pero las segundas sólo se presentan en Colombia.
Por eso, propone que la Creg varíe la fórmula que afecta los cálculos de costos por efectos del orden público, que el Estado asuma, mediante el pago de un subsidio a los usuarios, las restricciones que el año pasado fueron de 400.000 millones de pesos sólo por voladuras de torres por parte de la guerrilla”.
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-655226
Pero igual, sostener un Estado en guerra tiene sus costos; lo vital e irreparable SON LAS VIDAS que se pierden. La vida es un derecho Fundamental que blinda nuestra Constitución de 1991, en su Artículo 11. Es una obligación del Estado proteger la honra y bien de cada uno de los colombianos. Pensando en el interés supremo, el de los hijos de los campos de Colombia y el de los más necesitados que ante la falta de oportunidades y la necesidad de definir su situación militar para buscar trabajo, no tienen otra opción que integrarse a la guerra fratricida para obtener su Libreta Militar; morir o salir lisiado con una paupérrima pensión.
¡Claro! el Presidente Santos, estratégicamente para silenciar de una vez por todas no sólo lo fusiles, decretó hace 15 días el cese al fuego bilateral y semanas después ha informado a los medios que no se han registrado combates ni víctimas. Alentadora noticia para millones de colombianos que queremos la PAZ, ¡así sea imperfecta! Ese balance preliminar es la primera “piedra en el zapato” de los que promocionan el NO.
La revista Semana, el 17 de septiembre de 2014, motivó a pensar a los colombianos:
“¿Cuánto cuesta la guerra en Colombia?” En la última década más de 230 billones. Es decir, casi el Presupuesto de 2017 que se “discute” en el Congreso, aforado en 244,5 billones. ¡Qué horror! Si nos detenemos a confrontar esa cifra con la miseria en las rancherías de la Guajira o en los poblados de palafitos del Chocó en donde a más de la corrupción, pobreza y el abandono del Estado, la violencia les arrebata el mendrugo para llevárselo a la boca.
http://www.semana.com/nacion/articulo/cuanto-cuesta-la-guerra-en-colombia/403122-3
Como caso excepcional, en 2016, tal vez por primera vez, el Presupuesto de Educación superó al de Mindefensa que pasó progresivamente en 2000 de 12,6 billones a 27,7 billones en 2014, más las ayudas externas como el Plan Colombia y no fue posible derrotar y rendir militarmente a las FARC. Así lo reconoció el General Naranjo meses atrás y recientemente en declaraciones el 27 de agosto de 2014 publicadas por El Tiempo:
“No es humillante que los militares estén en La Habana”: Naranjo
“El general (r) de la Policía Óscar Naranjo defendió el proceso de negociación con las Farc.
Se ha llegado a decir que fue una decisión humillante para los militares y la verdad, lejos de serlo, exige altas dosis de responsabilidad, dignidad y utilidad. Quién mejor que un militar pueda construir el cese definitivo del cese del fuego, dejación de armas y desmovilización. Lo que hubiera sido irresponsable es hablar de este tema sin considerar a los militares. No es un tema de civiles ni de retirados, es de quienes están en la guerra. Es una gran equivocación considerar que esa subcomisión maltrata el honor militar”, agregó Naranjo. En síntesis: “Ni entrega del Estado ni claudicación de las FARC”: Óscar Naranjo.
http://colombia2020.elespectador.com/pais/ni-entrega-del-estado-ni-claudicacion-de-las-farc-oscar-naranjo
“Frente a los últimos actos violentos cometidos por guerrilleros de las Farc, que pondrían en duda la voluntad de la subversión para llegar a un acuerdo definitivo, Naranjo indicó que “no se está negociando bajo capitulaciones donde se sientan el derrotado y el vencido. Si las Farc tienen aspiración de acceso al poder que lo hagan por las vías institucionales y legítimas en el marco de un sistema democrático”.
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/general-scar-naranjo-defiende-presencia-de-militares-en-proceso-de-paz/14446200
Lo demás es lo demás: Argucias, mentiras, leguleyadas, desinformación y hasta fantasías peligrosas, como equiparar a Colombia con regímenes vecinos para meterle terror a los colombianos que desde el 23 de agosto de 2016, tienen a su disposición para leer las 297 páginas de los Acuerdos que aquí por cortesía de El Espectador de Bogotá, sin pagar IVA, los pueden consultar con toda libertad y tranquilidad sin tener que estar sometidos a las distorsiones del NO:
http://www.elespectador.com/noticias/paz/el-texto-completo-de-los-acuerdos-firmados-habana-articulo-639605
A mi juicio, pensando en lo que aprendí de mi abuelito que decía que “el papel todo lo aguanta”, lo vital es el cumplimiento efectivo y real de las partes de lo acordado y firmado. La existencia de países garantes y acompañamiento de ONU, UNASUR, ONG, etc… y los “Mecanismos de implementación y verificación: Sistema de implementación, dándole especial importancia a las regiones, Comisiones de seguimiento y verificación y Mecanismos de resolución de diferencias. Estos mecanismos tendrán capacidad y poder de ejecución y estarán conformados por representantes de las partes y de la sociedad según el caso:
Acompañamiento internacional, Cronograma, Presupuesto, Herramientas de difusión y comunicación y Mecanismo de refrendación de los acuerdos” están dispuestos a hacer cumplir lo firmado.
Algunos “trinan” por el costo del posconflicto, -olvidando que también intentaron buscar la PAZ-.
La web de RCN Radio, el 7 de octubre de 2014, publicó:
“$54 billones sería el costo del posconflicto, según Comisión de Paz
Según la congresista Claudia López, la inversión es menor a lo que cuestan las carreteras 4G”.
“El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el director de Planeación, Simón Gaviria, pasarán este martes al tablero en la plenaria del Senado para explicar de dónde va a salir el dinero para financiar una eventual etapa de posconflicto.
La Comisión de Paz del Senado realizó una investigación para establecer cuáles deben ser las inversiones que se deben hacer después del proceso de paz.
La senadora Claudia López aseguró que la atención de los más de 15 millones de colombianos que viven en los 368 municipios afectados por el conflicto cuesta alrededor de 54 billones de pesos.
“Cumplirle a los 15 millones de colombianos abandonados en las regiones cuesta mucho menos que lo que cuestan las carreteras 4G”, sostuvo.
Dijo que “esto costará aproximadamente unos 50 billones de pesos en los próximos 10 años, y con eso vamos a lograr construir ciudadanía, Estado, seguridad y justicia pública, oportunidades de educación, salud y empleo y oportunidades de ingreso legal y legítimo y no que la gente tenga que vivir de la coca en las regiones en conflicto”.
La Comisión de Paz también planteará durante el debate que el 80% de los municipios que han sufrido más cruentamente la guerra son de categoría 6 y el 70% de ellos están ubicados en Caquetá, Arauca, Guaviare, Cauca, Chocó y Putumayo.
Se denunciará que en los municipios más afectados por el conflicto, el 81% de los menores no completan sus estudios de primaria y media.
Se planteará la necesidad de imponer un técnico por cada 50 hogares rurales para garantizar la asistencia técnica de los mismos.
Se pedirá una partida entre 9,4 y 13,1 mil millones de pesos en 2015 para realizar la actualización catastral de los municipios afectados por el conflicto en un periodo de 4 años”.
http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/54-billones-seria-el-costo-del-posconflicto-segun-comision-paz
Con profundo respeto, consideración y ética con los familiares de las víctimas: Si la vida es sagrada, su valor a más de incalculable es infinito. La reparación a los descendientes de los caídos no se puede ni intentar medir en pesos. Parte de la reparación es conocer la verdad y la no repetición sirvan para cerrar el duelo por el dolor que causa la muerte. Sí existen sustanciales diferencias entre la Justicia Transicional & Restaurativa para lograr una paz duradera frente a Justicia & Paz que se aplicó en la “desmovilización” de los paramilitares que se cerró con la extradición a USA.
Insisto una vez más, abrazado a la realidad de nuestra Colombia: No son unos Acuerdos Perfectos porque es y será imposible colmar el clamor y reclamos de las familias flageladas por esta absurda violencia que pudo evitarse mucho antes. Como hoy lo demanda el país. Tal vez, por la vanidad de unos, la terquedad de otros y lo peor: Los odios genéticos de los que mueven una parte de la opinión pública.
Este “baño de sangre de más de 50 años” en los anales de la historia, las generaciones venideras leerán como epilogo QUE FUE INÚTIL porque al final, ni las FARC tenían opciones de llegar al poder por la vía de las armas y el Estado muy a pesar del fuerte musculo del estamento militar no se veía cerca la posibilidad de derrotar a las FARC militarmente. La dirección correcta fue la NEGOCIACIÓN Y EL SÍ LAS URNAS porque la PAZ la construimos hombro a hombro todos los colombianos sin distingo de credo politiquero, raza y religión.
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