Por Orlando Montenegro Rolón
Santiago de Cali
Me niego a pensar y mucho menos aceptar que, el Estado colombiano pase de agache y no existan responsables por descuido u omisión en los fallos adversos de La Haya en el litigio de fronteras marítimas con Nicaragua. Los colombianos nos merecemos las explicaciones de rigor y la opinión debe conocer los elementos jurídicos que mediaron para haber invertido finalmente 10.4 millones de dólares en la contratación de “eminentes juristas” internacionales y nacionales para ese proceso fallido.
Según investigación del periodista Jorge González, en la emisión de las 7:00 PM del canal Caracol, el miércoles 27 de abril de 2016, de entre los “sobresalientes” abogados internacionalistas contratados por el Estado colombiano que fracasaron se cuentan: El norteamericano Rodman Bundy, el australiano James Crawford, el suizo- argentino Marcelo Cohen, el norteamericano expresidente de la CJI Stephen M. Schwebel, el inglés Sir Arthur Watts, el francés experto en delimitación marítima Prosper Weil y el geógrafo- cartógrafo Robert Smith.
¡Obvio! que la “senilidad genética” de los sinvergüenza que ostentaron los más altos cargos alrededor de la Casa de Nariño y la inmediatez del diario acontecer del país, no nos puede llevar a concluir que no existe responsabilidad política y moral de los gobiernos anteriores al del Presidente Santos: Gaviria, Samper, Pastrana Jr. y Uribe con sus cancilleres.
Hasta el Congreso mismo le asiste compromiso porque sus integrantes en senado y cámara; con mayor fuerza los del grupo del Centro Democrático -que olvidando que su jefe el Senador Uribe ejerció la presidencia 8 años- hoy, a la luz de los fallos adversos se rasgan las vestiduras y “buscan al ahogado río abajo” en una “ciega cacería de brujas”.
El reconocido e ilustre periodista y escritor Daniel Samper Pizano, en una cónica que publicó el periódico El Tiempo de Bogotá el 22 de diciembre de 2012, bajo el título: “Lo que costó defendernos y perder”, en referencia a lo que invirtieron los distintos gobiernos en el añejo litigio, detalló con precisión la lista de los “renombrados” abogados- asesores internacionales y colombianos que con sus brillantes trayectorias y pergaminos, en el papel eran garantía de ganar el pleito:
Stephen M. Schwebel (estadounidense; ex presidente de la CIJ): US$ 637.924 ( $ col: 1.141’882.000).
Prosper Weil (francés; experto en delimitación marítima): US$ 586.397 ($ col: 1.049’651.000).
Sir Arthur Watts (internacionalista inglés): US$ 527.466 ($ col: 944’164.000).
Robert Smith (geógrafo): US$ 36.209 ($ col: 64’812.000).
International Mapping Nicaragua: US$ 686.850 ($ col: 1.229’461.000).
James Crawford (jurista australiano): US$ 490.782 ($ col: 878’500.000).
Marcelo Cohen (jurista suizo-argentino): US$ 300.461 ($ col: 537’825.000).
Rodman Bundy (internacionalista; EE. UU): US$ 707.677 ($ col: 1.266’742).
Eduardo Valencia Ospina: US$ 531.508 ($ col: 951’398.000).
Luis I. Sánchez Rodríguez: euros 9.000 ($ col: 21’330.000)
César Francisco Moyano: $ col: 20’000.000.
Ricardo
Vargas Taylor: $ col: 5’000.000.
Patricia Elvira Quiroz: $ col: 2’500.000.
Franz Dieter Hensel: $ col: 3’125.000
Germán Cavelier: $ col: 8’900.823.
Álvaro Tirado Mejía: $ col: 23’200.000.
Rafael Nieto Navia: $ col: 8’000.000
Enrique Gaviria Liévano: $ col: 44’000.000
Andelfo García González; $ col: 163’983.333
Guillermo Fernández de Soto (excanciller): $ col: 69’600.000
Guillermo Fernández de Soto (excanciller): $ col: 69’600.000
Julio Londoño Paredes (funcionario; no cobró).
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12471539
Cronológicamente, desde el Tratado Esguerra-Bárcenas firmado entre Colombia y Nicaragua en 1928. El “tira que jala” no ha cesado. Más con el arribo al poder de los sandinistas en el país centroamericano. Hecho que se concretó en diciembre 2001, fecha en que Nicaragua declaró inválido el Tratado ante Corte Internacional de Justicia, argumentando que el documento fue firmado bajo presión y durante la época que su territorio estaba “en manos de USA”.
La Web de la cadena Caracol, el 25 de abril de 2012, publicó:
“Historia del litigio entre Colombia y Nicaragua por el archipiélago de San Andrés”.
Un subtítulo especificó: “Tras varias disputas diplomáticas a finales del siglo XIX entre Colombia y Nicaragua por el archipiélago de San Andrés, ambas naciones firman en 1928 el tratado Esguerra-Bárcenas”.
De ese texto resalto:
“Seis años después en una primera decisión, de diciembre de 2007, la CIJ confirmó la validez y vigencia del tratado de límites, con lo que se reafirmó la soberanía y por consiguiente se excluyó del caso la islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Entonces, ahora los alegatos, que irán hasta el próximo 4 de mayo entre Colombia y Nicaragua en la Haya se centran en la soberanía de los cayos de Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Alburquerque, Cayos Este Sudeste y todas las áreas marítimas que corresponden a 50 mil kms cuadrados. La decisión final en la CIJ podría tardar meses, no hay límite de tiempo y es inapelable”.
http://caracol.com.co/radio/2012/04/25/nacional/1335348660_676957.html
No es una disputa reciente, como lo consigné en líneas arriba, 5 gobiernos tuvieron suficiente tiempo y espacio para la reflexión para proceder a denunciar y/o separar a Colombia del Pacto de Bogotá y no dejarle “el hueso roído” al siguiente gobierno: Eso fue lo que ocurrió. El Artículo 56 de dicho Pacto fijó: “podrá ser denunciado mediante aviso anticipado de un (1) año, transcurrido el cual cesará en sus efectos para el denunciante”.
Con probada razón argumentó la revista Semana, el 01 de diciembre de 2102 con el título:
“El Pacto de Bogotá, la primera baja.
El Pacto de Bogotá se convirtió en la primera cabeza que rueda por efecto del fallo de la Corte de La Haya. El gobierno dice que el retiro es para evitar que se repita la dosis. ¿Qué tanto hay de jurídico y qué tanto de político en la decisión?”.
En un artículo, escrupulosamente argumentado, Semana precisó:
“Y ahora, Colombia se retira de él cuando el país aún no se repone del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que le quitó 75.000 kilómetros cuadrados de mar Caribe.
El presidente Juan Manuel Santos dio la noticia del retiro el miércoles de la semana pasada. Y, según sus palabras, el aviso le fue entregado de inmediato al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. El chileno, al que le ha tocado lidiar con la crisis de este organismo, dijo que es "doloroso" que Colombia tome esa decisión cuando, por el contrario, lo que él está buscando es que los países ratifiquen los convenios.
El Pacto de Bogotá terminó siendo la primera cabeza que cae tras el descalabro que sufrió Colombia en la Corte de La Haya. ¿Qué tiene que ver uno con la otra? El punto clave es que el Pacto, que se firmó para buscar una solución pacífica de los conflictos entre los países firmantes, dice a lo largo de su articulado que los países llevarán a la CIJ cualquier diferendo que no se pueda resolver pacíficamente. De hecho Colombia llevó en 1950 su primer (y único) caso a esa jurisdicción, el del lío que se le armó con Perú por haberle dado asilo al político Víctor Raúl Haya de la Torre. Esa vez, la Corte le dio la razón a Colombia.
Pero lo importante del Pacto de Bogotá es que era el único que comprometía a Colombia a ir a la Corte de La Haya para resolver asuntos de límites. En otras palabras, al denunciar el Pacto lo que hace Colombia es decirle a la Corte que se puede meter en lo que quiera, pero no a definir sus límites con otros países. Como dijo el presidente Santos al explicar la decisión de la salida, “las fronteras terrestres y los límites marítimos entre los Estados no deben quedar en manos de una Corte sino que deben ser fijados de mutuo acuerdo por los Estados mediante tratados”.
Eso está claro. Sin embargo, el hecho de que Colombia se retire del Pacto de Bogotá no cambia para nada el fallo ya dictado por la CIJ sobre el diferendo con Nicaragua, no le devuelve a Colombia la tajada de mar que perdió. Por eso surge la pregunta ¿para qué sirve entonces el retiro?”.
http://www.semana.com/nacion/articulo/el-pacto-bogota-primera-baja/268716-3
Más claro no canta un gallo. Los colombianos de a pie, distantes del “tapen tapen” burocrático y que ya pagamos con nuestros impuestos los 10.4 millones de dólares invertidos en ese fracaso; seguimos esperando explicaciones de fondo: “No traídas de los cabellos”; en las que por ejemplo: Los seguidores del Senador Uribe, culpan a Santos por no haberse separado del Pacto de Bogotá a tiempo: ¿Y, por qué no lo hizo el gobierno de Uribe en 8 años? ¿O el de Pastrana o Samper y los demás? Y no estoy oficiando de “abogado de Diablo” en defensa de Santos. ¡No!
Lo triste y desconcertante es que los organismos de “control” del Estado - en estos días en vísperas de relevo- guardan sepulcral silencio y ni ápice de asomo de investigaciones en contra de los que desempeñaron las funciones de los cargos que tuvieron la competencia para sacar a Colombia de dicho Pacto respondan.
¡Claro! el Congreso en pleno anda en “otro paseo”: Por ejemplo, “cabeceándose como cometa” en el caso Pretelt y haciendo el lobby para la elección de Fiscal y Procurador. La figura de “juicio político” para los responsables de los fallos en contra proferidos en La Haya no existe.
Ya hoy, los viajes a San Andrés y Providencia haciendo parte de la Comisión Presidencial para reafirmar la soberanía, sólo quedan como un cambio de clima. Las necesidades insatisfechas de los hermanos raizales son “testigos mudos”.
Hurgando en una de las aristas, la web RL-La República, en su Sección Asuntos Legales, el 14 de enero de 2013, hizo público hasta esa fecha:
“Los US$4,7 millones hundidos en el mar que se llevó Nicaragua”
“Opinión:
Guillermo Cáez, abogado experto inter nacionalista miembro de la firma Pardo Casallas, aseguró que los defensores se concentraron en las excepciones previas y no en el problema jurídico de fondo. “Al final era argumentarle a la Corte que el meridiano 82 no es un límite caprichoso, porque esas definiciones de islas e islotes en derecho internacional están definidas, sumado al hecho de haber ejercido soberanía sobre todo ese territorio”.
Por su parte, el profesor Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, Ricardo Abello, afirmó que la labor de los abogados fue buena y resaltó el trabajo de Kohen en la defensa de los cayos. Al respecto, Carlos Arévalo, profesor de derecho internacional de la Universidad de La Sabana, aclaró que aunque se enfocaron en puntos importantes, dejaron de lado el alegato a la Convención de Derechos del Mar. Reparó que en la defensa del litigio entre Chile y Perú, existe participación de académicos y Colombia no dio esa oportunidad”.
http://www.larepublica.co/asuntos-legales/los-us47-millones-hundidos-en-el-mar-que-se-llev%C3%B3-nicaragua_29098
Por supuesto que los colombianos de a pie que ante la comisión de un delito no van a la Escuela de Caballería, un Cantón Militar o al Bunker de la Fiscalía, sino a una atiborrada cárcel para purgar “un infierno en vida”: No tragamos entero. Esa deuda de la clase politiquera sigue con 48 millones de compatriotas sigue pendiente: Independientemente que todos estemos apoyando los esfuerzos para alcanzar en La Habana una PAZ NEGOCIADA ¡Sin vencidos y sin vencedores!
Con Justicia Social, Reparación, Perdón y la No Repetición.
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